Urge
una respuesta interinstitucional de prevención
y
atención al feminicidio, coinciden especialistas
· Se
reúnen expertos de diferentes partes del país en un foro interinstitucional
convocado por el Odesyr
· La
violencia contra las mujeres debe ser atendida y estudiadas sus causas para
construir respuestas concretas
· El
objetivo: hacer un grupo de trabajo para construir una respuesta integral
Puebla/
13 de Julio 2015/
Organizado por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos
AC (Odesyr), auspiciado por la Real Embajada de Noruega en México y convocado
también por la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) se llevó a
cabo el foro Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Respuesta al Feminicidio en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH).
Tras ser inaugurado por el
procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, se llevaron a cabo tres
mesas de trabajo: La respuesta Institucional en Puebla ante el feminicidio; El
tratamiento del Feminicidio desde la Perspectiva de Derechos Humanos, y El
Tratamiento Procesal del Feminicidio desde las Experiencias Probadas, así como la
conferencia magistral La Sexualización de la Respuesta Penal y la Debida
Diligencia en la Investigación, Persecución y Sanción del Feminicidio por parte
de la maestra Volga de Pina Ravest, investigadora del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
El objetivo de encuentro fue
construir una respuesta interinstitucional al delito en el estado de Puebla,
que no sólo lo saque la lista de los 10 estados con más feminicidios, sino
también generar políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación
de éste.
Buscó poner sobre la mesa
diferentes aspectos del abordaje institucional del fenómeno del feminicidio
para a partir de ahora generar la creación de un grupo de trabajo con miras a
construir una respuesta integral y colectiva.
Como lo mencionó Vianeth Rojas
Arenas, directora general del Odesyr: “Requerimos de ver qué está fallando en
las políticas públicas de prevención de la violencia, qué en la atención a las
víctimas, qué carencias tenemos en las leyes y códigos, en los protocolos de
atención e investigación, qué en la manera en que se juzgan estos delitos. Y
ver también cuáles son las buenas prácticas.
”Para eso estamos hoy aquí: para
construir una respuesta interinstitucional a la altura de las circunstancias,
que no solo nos saquen de la lista de los 10 estados con más feminicidios. Y,
como bien deben saberlo, no es un trabajo fácil.”
Entender el fenómeno del
feminicidio implica entender de manera amplia la realidad, como entender que
las mujeres no desaparecen, sino que son secuestradas, llevadas para trata de
personas, son víctimas del crimen organizado, reflexionó la investigadora Volga
de Pina Ravest.
Quien insistió en la
documentación de las razones por las cuales se cometen los feminicidios para
poder articular soluciones concretas, ya que el feminicidio no solo se da en el
ámbito doméstico sino también en la esfera social.
A lo largo del foro la constante
fue el tipo de respuesta que se construye y cómo es que los derechos humanos
deben estar al centro de la misma, así como la insistencia en las políticas
preventivas acompañadas de mejores modelos de atención e investigación.
Habló sobre lo que se debe entender como una respuesta efectiva: “es la construcción de un orden donde no quepa la impunidad, en el que el estado se comprometa a garantizar los derechos humanos de las mujeres tales como el derecho a la vida, a la integridad personal, a una vida libre de violencia a la seguridad personal, al acceso a la justicia; este tipo de respuesta presupone una política de estado en materia de derechos humanos de hombres y mujeres en la que intervengan corresponsablemente los sectores social y privado que le permitan enfrentar al país con éxito las causas de la desigualdad de las mujeres, es inaceptable que de acuerdo con algunos diagnósticos que en México el ser mujer entraña solamente tener 7 años de escolaridad promedio, ser mujer implica el 30% de probabilidad de tener un hijo antes de los 20 años, ser mujer implica luchar por el derecho a serlo plenamente.”
En su oportunidad la diputada local Silvia Tanús dio a conocer la reforma al artículo 338 Bis del Código penal del estado, la cual, extiende las penas al agresor.
Mencionó que con esta modificación se tiene la intensión de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Esta tipificación es la respuesta a una serie de exigencias de la sociedad, tal como lo señaló la Juez Rosa Celia Pérez González: “La reforma protege una diversidad de bienes jurídicos como la dignidad de las mujeres, el derecho a la seguridad jurídica y también el derecho a la vida humana de las mismas”.
Por su parte, Verónica María Sobrado Rodríguez, directora general del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) apuntó que el IPM está preocupado y ocupado por la muerte de las mujeres, por esto llevan a cabo acciones de prevención y atención a la violencia, tales como la capacitación y sensibilización a actores de la sociedad civil, impulsando la transformación para contribuir a la no violencia.
“Cuando hay un feminicidio se pone en entre dicho los derechos de todas las mujeres”, apuntó.
El debate de la mesa giró también en torno al problema cultural que existe en la sociedad, cómo son vistas las mujeres desde los medios de comunicación y cómo se les sitúa para ser dominadas y castigadas.
“Existe un problema cultural que no ha sido abordado y éste es la base del problema”, mencionó en su participación Enrique Flota Ocampo, fiscal general jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; se habló también de que el feminicidio es la última etapa de la violencia y tipificar el delito atiende a que la mujer viva libre de ésta.
También se mostraron las cifras de quejas presentadas por las mujeres ante de Comisión de Derechos Humanos del estado, en las cuales, la principal premisa es la seguridad jurídica con 1245 demandas.
Durante su participación David Vázquez Hernández, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas centró su reflexión en torno a los fenómenos que circundan al feminicidio, como la educación, la información y la necesidad de la eficacia legislativa, más allá de “solo hacerlas para cumplir con el trabajo”.
El funcionario chiapaneco también abordó un tema prioritario de atender: la impunidad.
“La impunidad da dos mensajes: Mujer si denuncias no pasa nada, hombre, puedes seguir haciéndolo.”
Y fue más allá sobre la manera en estos crímenes se resuelven de manera selectiva, sin poner atención al merecimiento de justicia que todas las mujeres tienen.
Coincidió con Fabiola Colín Bolaños, secretaría ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien habló sobre la insuficiencia de las políticas públicas al no incluir a las víctimas y a la falta de sensibilización y profesionalización de los servidores públicos.
PARTICIPANTES
Vianeth Rojas Arenas, directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC; Volga de Pina Ravest, investigadora del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC; Elisabeth Andvig, Asesora de la Real Embajada de Noruega en México; magistrada Marcela Martínez Morales, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; Víctor Carrancá Bourget, Procurador General de Justicia del Estado de Puebla; Francisco Rodríguez Álvarez, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla; diputada Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla; Verónica María Sobrado Rodríguez, directora general del Instituto Poblanos de las Mujeres; Omar Siddhartha Martínez Báez, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla María Teresa Medina Villalobos, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la Procuraduría General de la República; Enrique José Flota Ocampo, Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; juez Rosa Celia Pérez González, titular del Segundo Juzgado en Materia Penal Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; Fabiola Colín Bolaños, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; David Vázquez Hernández, asesor de la visitadora especializada en Atención de Asuntos de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas; Adán Pando Zubiete, representante de la Fiscalía Especial en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua; José Martín Ramírez Romero, director de las Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
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