Este tipo de violencia la viven miles de mujeres todos
los días. Éstas son víctimas de la falta de respeto de los médicos y las
enfermeras que atienden el proceso del embarazo y el parto. Haciendo que la
experiencia de la maternidad sea todo un calvario.
El promedio de cesáreas en México rebasa lo
recomendado por la Secretaría de Salud. Esto se debe a que muchas veces las
mujeres se ven obligadas a aceptar una cesárea sin ser necesario, lo anterior
porque para el médico representa una ganancia monetaria mayor.
Algunos estados de la república han optado por tipificar
la violencia obstétrica en sus códigos penales sin embargo esto no garantiza la
disminución del hecho. Si a esto le sumamos la falta de equipos y materiales en
las instituciones de salud, así como el poco abastecimiento de medicamentos y
métodos anticonceptivos, la situación para las mujeres se complica.
Por ello hay propuestas en el sentido de identificar
legislativamente este tipo de violencia en la Ley para el Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, lo cual redundaría en políticas públicas preventivas.
Las consecuencias de la violencia obstétrica puede ir
desde incomodidades al momento de las revisiones del embarazo y el parto hasta
la mala realización de algunos procedimientos quirúrgicos que derivan en la
perforación de algún órgano o bien que imposibilitan a la mujer a volver a ser
madres.
En los últimos años la violencia obstétrica se ha
hecho un poco más visible permitiendo que algunas mujeres identifiquen cuando
están siendo violentadas y, en su caso, denuncien. Campañas informativas como
Nosotras #QueremosSaber (Odesyr) se suman al esfuerzo por la visibilización y disminución de este
tipo de violencia.
En el estado de Puebla la Secretaria de Salud no se
tiene registrado ningún caso de violencia obstétrica. Esto puede deberse a falta
de sistematización de este tipo de casos, a la ausencia de denuncia o, en su
defecto, a la aparentemente perfecta, e improbable, labor de los médicos.
Es por ello que se hace imprescindible legislar al
respecto, especialmente para tener una definición jurídica que permita
fortalecer la política pública preventiva en materia de información de las
pacientes y capacitación para el personal de salud del sector público y
privado. (Cristina Ramos Rodríguez)
No hay comentarios:
Publicar un comentario