Matrimonio Igualitario y sus Eufemismos Legislativos

Marco Antonio Moreno Rosado*

El 23 de abril de este año recibimos la noticia por parte del abogado Alex Alí Méndez, quien encabeza a nivel nacional la acción Matrimonio Igualitario México, sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declara inconstitucional la configuración del contrato de matrimonio en el código civil de Oaxaca por ser contraria a los principios de no discriminación y de igualdad jurídica, pues señala que solamente un solo hombre y una sola mujer pueden llegar a celebrar dicho acto y que su objetivo es perpetuar y reproducir la especie humana, ya ven que andamos en peligro de extinción.

Este logro de la sociedad civil demuestra con claridad que todos los estados del país con excepción del Distrito Federal, mantienen en sus leyes obstáculos para el acceso igualitario a la celebración matrimonial y, por ende, a todos los derechos que dicha figura implica respecto de formar una familia, de la seguridad social, del patrimonio en común y la exigibilidad de los mismos antes las instituciones creadas para su resguardo y protección.

Esta resolución no ha sido la única en el país, pues la acción de Alex Alí ha cubierto buena parte del territorio nacional y beneficiado a las parejas y personas que han sido amparadas por la justicia federal.

Triste y mezquinamente, las legislaturas en los estados han hecho caso omiso de estas resoluciones que, si bien no obligan a los congresos locales a reformar la figura del matrimonio en los códigos civiles, les brindan luz suficiente para emprender las acciones necesarias y corregir las legislaciones que reducen los derechos de las personas por el simple hecho de compartir una misma característica: tener el mismo sexo.

En un pobre intento de “ponerle palomita” a sus obligaciones como legisladoras y legisladores locales, las cámaras de diputados estatales han ofrecido figuras alternas al matrimonio, siendo un argumento común (en los motivos expresados por estas mentes ardientes) que “el matrimonio debe seguir siendo para un solo hombre y una sola mujer, pero si estamos atendiendo a los gais y lesbianas para que no queden desprotegidos”. ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! Y así suceden las cosas cuando las instituciones se disfrazan progresistas respondiendo a intereses políticos ajenos a los que la Constitución marca para nuestro país, en especial la laicidad.

¡Ah! Pero encima de engendrar propuestas segregatorias desde sus acciones curulires (léase a placer), el diseño de las alternativas al matrimonio las hacen apocaditas en comparación, y aquí unas pequeñas observaciones a las ya vigentes en los estados de Coahuila y Jalisco, namás por el gusto del mal gusto.

Pacto Civil de Solidaridad de Coahuila

Al menos tuvieron la decencia de insertar esta figura en el código civil de la entidad para quedar de la siguiente manera:

El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común. Quienes lo celebran se considerarán compañeros civiles.

Lo anterior, en su momento, fue considerado como un duro golpe a los grupos conservadores y a la homofobia institucional, y Coahuila fue puesto en el mapa como un estado de acciones de avanzada, casi casi como el Distrito Federal.

Y bueno, como es de suponerse, si estás bajo el Pacto Civil no puedes acceder al matrimonio, lo cual también limita el campo de cobertura de los “derechos adquiridos” pues el Pacto sólo tiene validez dentro del territorio de Coahuila, no así el matrimonio entre personas del mismo sexo en Distrito Federal que ya goza de reconocimiento en todo el país por resolución de la Corte.

La buena noticia es que el pasado 11 de febrero se derogó la prohibición para los “compañeros civiles” que les llaman de poder adoptar, limitante que existió desde su creación en el año 2007. Lo anterior gracias a una acción de control constitucional local que determinó que resultaba inconstitucional la prohibición en comento.

Ahora viene lo mejor.

Ley de Libre Convivencia de Jalisco

Haciendo copia de la figura anterior, y una gran demostrativa de incumplimiento de principios contenidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos que son obligatorios para el Estado mexicano, el Congreso de Jalisco con el apoyo de una organización cuyo líder está casado en DF y de cuyos nombres es mejor ya no acordarse, aprobaron una Ley de Libre Convivencia, negándose a modificar el matrimonio, y así ya cada quien tiene su figura, no sea que nos vayamos a confundir y o andar mezclando, ya saben, la cosa esta de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas pero en sus espacios y sus instituciones, ¡no vayan a pensar que somos iguales!.

Lo que no se presumió fue el candado a que las parejas del mismo sexo que se encuentren bajo la Libre Convivencia no puedan adoptar, ni de forma individual ni en pareja, lo cual no aplica para las parejas de sexo distinto estando también bajo la misma figura, es decir, dentro de la misma cosa rara y fea se generaron diferencias respecto del sexo de las personas para el ejercicio del derecho a formar una familia y al ejercicio de paternidades y maternidades, reduciendo el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo sólo a lo patrimonial y sucesorio, no así a los proyectos de vida en común de las personas.

Lo más denigrante del asunto es que la Libre Convivencia fue diseñada para realizarse ante notario público, es decir, no es un contrato reconocido en el código civil, sino un mero trámite ante una persona que goza de fe pública pero que no es una autoridad del estado, pero eso sí por disposición de ley no pueden adoptar, y entonces tenemos una figura que restringe derechos civiles sin que esté reconocida en el cuerpo normativo civil de la entidad.

Ya por no dejar, estos muchachos se atrevieron a celebrar su gestión legislativa anunciando en redes sociales y medios de comunicación su poca capacidad de incidencia, y así seguramente alcanzarán pronto su estado más pleno y se harán uno mismo con la homofobia sutil que reina en las instituciones públicas jaliscienses.

Igualdad y No Discriminación

Ya para terminar, el problema que se suscita al no tener legislado el matrimonio sin trabas para las parejas del mismo sexo en los estados es provocar fenómenos de migración al Distrito Federal por parte de la población LGBT, o de andar consiguiendo un comprobante domiciliario para ir de fin de semana a casarse a DF, algo así como turismo marital.

Si bien el matrimonio no es el tema más urgente de la agenda LGBT en México, si resulta un buen mensaje de reconocimiento de derechos por parte del Estado a la población, generando un clima político y social menos rijoso para el tratamiento de temas relacionados a la homofobia como los homicidios, las lesiones, las violaciones sexuales, los despidos laborales, la expulsión familiar, el suicidio, el acoso escolar, la reducción del VIH, el acceso a la justicia y a la salud, las detenciones policiales ilegales, etcéteras.

Ya para terminar, hay que recordar que el matrimonio es un derecho optativo, quien no se quiera casar porque considera que el matrimonio no responde a sus dinámicas especialísimas y emancipadas de relaciones interpersonales o porque por firmar un papel se va a adherir a la heteronorma recalcitrante del patriarcado que nos consume, pos que no se case, al fin y al cabo esta acción no es para eso, tiene una dimensión específica en el sistema jurídico, lo demás que lo traten las y los expertos en lo demás cuando descubran las puertas de sus procuradurías virtuales de justicia social y sus cubículos y salgan al espacio público, sí se puede, conozco poquis pero hay.

*Director Jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC